Mañana se celebrará en Tenerife la Conferencia Sectorial sobre Infancia y Adolescencia, donde se abordará la cuestión de los menores no acompañados migrantes entre territorios. Sin embargo, existe incertidumbre sobre si el Partido Popular (PP) apoyará o no esta iniciativa, y no existe un “plan B” en caso de que no lo haga.
El principal objetivo del encuentro es lograr una reforma del artículo 35 de la Ley de Asuntos Exteriores para que las comunidades autónomas acojan a los niños inmigrantes no acompañados como muestra de “solidaridad y vinculación” con los territorios de llegada. En Canarias viven actualmente unos 6.000 menores y la propuesta del Gobierno es reducir esa cifra a entre 2.000 y 3.000.
El gobierno pretende llevar la reforma de la ley al Congreso en julio mediante un proyecto de ley o decreto ley, que deberá ser aprobado por la Cámara. Sin embargo, esto dependerá del apoyo del PP, así como de la responsabilidad, atención y posición general que el Gobierno espera asumir en este tema.
El ministro de política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró que no existe un “plan B” porque no tienen el apoyo suficiente para cambiar la ley. Si bien espera que el PP no vote en contra de este cambio legislativo, admite que Vox ya ha expresado su desaprobación y amenaza con retirar su apoyo a los pactos autonómicos si se introduce el departamento de inmigración juvenil.
El PP expresó su voluntad de aceptar menores inmigrantes no acompañados, pero bajo ciertas condiciones, como disponer de un fondo de reserva adecuado para las autonomías. Sostienen que sin recursos adecuados se crearán condiciones de inseguridad en las comunidades. Además, creen que cualquier acuerdo debería aplicarse en todas las comunidades sin excepción.
La situación es crítica para Canarias, ya que el Gobierno no puede permitirse el lujo de dejar a los menores indefensos. Además, surge un problema jurídico ya que la aprobación por Real Decreto-Ley en lugar de una propuesta de ley puede estar sujeta a anulación por parte del PP por cuestiones de competencias autonómicas.
El Gobierno ha expresado su decepción porque la solidaridad no es suficiente para justificar la reforma y hacer obligatorio el departamento, y señala que hasta el momento sólo se han trasladado desde Canarias 36 menores.
Canarias acoge actualmente a unos 6.000 menores de un total de 14.000 repartidos por España que buscan un lugar donde ser acogidos. La necesidad de una unidad de acogida es cada vez más urgente, ya que esperamos albergar a unos 3.000 menores en un año.
