La colaboración reciente entre dos importantes compañías de seguros para edificar hospitales ha generado discusión sobre su posible efecto en la competencia del sector salud. La Asociación de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha enviado un documento a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pidiendo que se evalúe este acuerdo por una potencial posición dominante. Esta circunstancia ha centrado el debate en la regulación, la estructura de mercado y los impactos de estas asociaciones en la industria sanitaria.
Las dos compañías de seguros en cuestión han informado sobre la construcción de un hospital en Palma de Mallorca, denominado Hospital Portitxol, y otro en Barcelona. Según apunta ASPE, estas iniciativas deberían obtener la autorización previa de la CNMC, ya que ambas empresas exceden los límites fijados en la normativa de competencia debido a su volumen de negocio. Asimismo, ASPE subraya que estas aseguradoras forman parte de los cinco principales actores en el sector de seguros de salud en España. Juntas, estas cinco empresas aglutinan el 71 % del mercado, lo que subraya la importancia de una vigilancia más rigurosa.
Un mercado centralizado y normativo
Hoy en día, el mercado de seguros de salud en España se encuentra muy centralizado. Una de las compañías aseguradoras implicadas se ubica en la segunda posición en cuanto a cuota de mercado, con un porcentaje que oscila entre el 20 % y el 30 %, mientras que la otra se posiciona en el cuarto lugar con cerca del 10 %. Este grado de centralización ha llevado a ASPE a alertar sobre los posibles peligros de que estas empresas ejerzan una influencia desmedida en el sector.
Por otro lado, las compañías aseguradoras han manifestado que sus proyectos se ajustan a las normativas de competencia y que las operaciones fueron notificadas a la CNMC antes de ser anunciadas públicamente. Sostienen que los hospitales que se levantarán brindarán servicios a pacientes de todas las aseguradoras, además de atender a aquellos privados. También resaltan que estos proyectos se centran en áreas con poca dotación asistencial, como Palma y Barcelona, lo que ayudará a incrementar la oferta de atención médica en esas localidades.
Por su parte, las aseguradoras han declarado que sus proyectos cumplen con las normativas de competencia y que las operaciones han sido notificadas a la CNMC antes de su anuncio público. Argumentan que los hospitales que se construirán ofrecerán servicios a pacientes de todas las aseguradoras, además de atender a pacientes privados. También destacan que estos proyectos están enfocados en zonas con baja dotación asistencial, como es el caso de Palma y Barcelona, lo que contribuirá a ampliar la oferta sanitaria en dichas áreas.
Indagación por conductas anticompetitivas
De manera simultánea a esta situación, la CNMC ha iniciado un procedimiento para investigar a una de las aseguradoras por un pacto firmado con otra empresa del sector, vinculado a la gestión de servicios asistenciales y el pago a hospitales. Basándose en la información disponible, este acuerdo podría haber causado una disminución en las compensaciones a los centros médicos, lo cual ha despertado preocupación en el sector. Específicamente, las quejas indican que desde su implementación en enero de 2023, las compensaciones han disminuido en promedio un 20 %.
Paralelamente a esta situación, la CNMC ha abierto un expediente para investigar a una de las aseguradoras por un acuerdo firmado con otra compañía del sector, relacionado con la gestión de servicios asistenciales y el pago a centros hospitalarios. Según la información disponible, este acuerdo podría haber provocado una reducción en las remuneraciones a los centros sanitarios, lo que ha generado inquietud en el sector. En concreto, las denuncias señalan que desde su entrada en vigor en enero de 2023, las remuneraciones han disminuido en un promedio del 20 %.
ASPE, que presentó la denuncia inicial, ha señalado que estos acuerdos podrían estar vulnerando la Ley de Defensa de la Competencia, al establecer condiciones unilaterales que afectan negativamente a los operadores de la sanidad privada.
