El domingo pasado, Boeing acordó declararse culpable de un cargo de conspiración para defraudar al gobierno federal relacionado con los accidentes fatales del 737 Max ocurridos en 2018 y 2019. La compañía acordó pagar una multa de 487,2 millones de dólares además de invertir 455 millones de dólares por el cargo. los próximos tres años para mejorar sus programas de cumplimiento y seguridad.
El acuerdo también establece que Boeing estará en libertad condicional durante tres años bajo la supervisión del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas. Un supervisor de cumplimiento independiente designado por el Ministerio de Justicia será responsable de garantizar que las medidas de seguridad se implementen y se implementen mediante la presentación de informes anuales al gobierno. Si Boeing viola alguna de las condiciones, enfrentará sanciones adicionales. Además, el consejo de administración de la empresa deberá reunirse con los familiares de las víctimas del accidente.
La declaración de culpabilidad de Boeing es significativa porque la compañía no ha sido condenada por un delito federal en décadas. El Departamento de Justicia describió el cargo de conspiración para defraudar al gobierno federal como “el delito más grave y fácilmente probado”.
El reciente acuerdo se produce después de que Boeing rompiera un acuerdo de 2021 con el Departamento de Justicia que le exigía realizar cambios significativos en sus prácticas de seguridad después de accidentes mortales. La administración Biden ha convertido en una prioridad garantizar que empresas como Boeing cumplan con dichos acuerdos.
Los familiares de las víctimas, aunque informados del acuerdo, expresaron que no fue lo suficientemente lejos. Paul G. Cassell, abogado de varias familias, dijo que esperan que se admita plenamente su culpabilidad por la muerte de 346 personas en los accidentes del 737 Max en Indonesia y Etiopía. Las familias querían consecuencias más severas para la empresa y sus ejecutivos.
El Departamento de Justicia, en su expediente judicial, reconoció la posición de las familias. Las familias planean oponerse al acuerdo, argumentando que ofrece concesiones injustas a Boeing que otros acusados no recibirían y no responsabiliza a la compañía por las muertes.
Cassell criticó el acuerdo, calificándolo de “amigable” y argumentando que no reconocía la gravedad de la conspiración de Boeing que provocó la muerte de 346 personas. Señaló que el acuerdo fue el resultado de una inteligente cooperación legal entre Boeing y el Departamento de Justicia que encubrió las consecuencias mortales de los crímenes de la compañía.
El acuerdo no otorga inmunidad a ningún empleado o ejecutivo de Boeing, ni protege a la compañía de futuros cargos, incluida una investigación sobre un incidente de Alaska Airlines en enero cuando un panel de un Boeing 737 Max explotó poco después del despegue en Portland.
Boeing confirmó el acuerdo con el Departamento de Justicia pero no hizo más comentarios. Ese acuerdo actualiza un acuerdo de 2021 que evitó cargos penales contra Boeing después de los accidentes fatales. La empresa ya ha pagado 500 millones de dólares en compensaciones a las familias de las víctimas y 243,6 millones de dólares en multas.
El acuerdo de 2021 exigía que Boeing no cometiera delitos durante tres años. Pero en mayo, el Departamento de Justicia dijo que Boeing violó ese acuerdo al no implementar un programa adecuado de ética y cumplimiento para prevenir y detectar violaciones de las leyes de aviación.
Como parte del acuerdo de 2021, Boeing tuvo que pagar 243,6 millones de dólares adicionales en caso de incumplimiento. Un juez decidirá si este pago cuenta para la multa total y cuánta restitución adicional se debe pagar al momento de la sentencia. La acusación de 2021 se centra en dos empleados de Boeing que ocultaron información a la Administración Federal de Aviación sobre los cambios en el software de control de vuelo involucrados en los dos accidentes.
En total, Boeing ha gastado alrededor de 20 mil millones de dólares debido a los accidentes, incluyendo multas, pagos a familias, reembolsos de aerolíneas y otros costos desde que el 737 Max estuvo en tierra durante casi dos años.
El Departamento de Justicia enfrenta presiones sobre cómo castigar a Boeing, uno de los mayores exportadores estadounidenses y un importante empleador entre los contratistas de defensa del gobierno. En 2023, casi el 40% de los ingresos de la empresa procederán de la contratación pública.
Aunque no todos los detalles del acuerdo se incluyeron en el registro público, es probable que Boeing reciba garantías de que una condena por un delito grave no afectará sus contratos gubernamentales. Mark Lindquist, abogado de las familias de las víctimas, dijo que si bien muchos preferirían una sentencia más severa, admitir la culpabilidad es un paso importante hacia la asunción de la responsabilidad.
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